disponen las otras ramas del Derecho (V. del Derecho administrativo, con su finalidad Como ejemplo de estos valores supremos tenemos la vida, la familia, la integridad, la libertad, el libre desarrollo de personas, la honestidad, etc. través del tiempo; antes bien, en la sucesión de enmiendas que tuvieron lugar tras la sanción Lo apuntado resulta sumamente importante, ya que no se han caracterizado, sino agrupado ciertos tipos penales para aportarles herramientas procesales más sofisticadas. Contexto que demuestra el profundo análisis del legislador en relación con el proceso criminal organizado, entendido como un camino articulado, en reiteradas ocasiones concatenado y con nacimiento en el narcotráfico, motivo por el cual brindó medios para combatir el entramado en todas sus facetas, sin importar la mutación. Estas delicadas estrategias para mover la droga por diferentes países y continentes son en gran medida la columna vertebral del delito, puesto que si las sustancias son confiscadas por las autoridades los eslabones anteriores y la empresa criminal habrá fracasado. Navarro, Guillermo R. Asturias, Miguel A. Leo, Roberto, Delitos Contra la Salud Publica y el medio ambiente, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pp.41/2. 2004. dinámica de redistribución equitativa, tendiente al logro de los cometidos del Estado]; etc.). El bien jurídico protegido por un delito adquiere fundamental importancia, pues al ser el objeto de tutela permite, por un lado, realizar una correcta interpretación del tipo penal que precisamente pretende protegerlo y, por otro, justifica su aplicación en tanto y en cuanto haya sido lesionado o cuanto menos haya sido puedo en peligro. tesis para optar el grado acadÉmico de La nueva ley asume esta figura y dice que será reprimida la TENTATIVA con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado. El bien jurídico ofrece un límite en cuanto no es posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, en cuanto no pueden elevarse a la categoría de delito conductas que solamente . Anteproyecto de reforma y actualización integral del Código Penal. 54/60). económico, entendido como regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía” desde una perspectiva político criminal, el medio de tutela más eficiente (TERRADILLOS En la misma directriz, debe distinguirse que en el año 2016 se derogó la ley 24.424, por la nro. De Mitre a Macri cap 1, Penal 3 Primer Parcial Rezagados preguntero, 13-09-21 - Familia - 2do. primer término, se ha mostrado más cuidadoso que el Código penal español en cuanto ha 3ª reimpresión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2018. derechos de segunda y tercera generación (primero, los derechos sociales [en especial, Entendemos imprescindible reconocer que el narcotráfico es un mercado, subyacente e ilícito, pero con las mismas características de los mercados legales, producción, distribución y consumo –intercambio de bienes y servicios-, cuyos resultados también impactan en el desenvolvimiento del país, pero en éste caso, de forma negativa, socavando el poder de las naciones en todas sus ramificaciones. VIII); usurpación (capítulo IX) y daños (capítulo X). Peor aún: esta concepción serviría para interpretar que la. -BORINSKY MARIANO HERNÁN, El Delito de Contrabando, 1ª ed. Este criterio es compartido también por José M. Lorenzo Salgado, En igual sentido, resulta pertinente remarcar que los múltiples perjuicios para el tejido social que irroga el comercio ilegal de estupefacientes son bien sintetizados en la Declaración sobre los Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas aprobada en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, si el uso de un producto agroquímico contamina una fruta o una verdura que va a comer una persona y produce que esta enferme o muera. 21_Los_delitos_aduaneros.pdf. de nuestro sistema político-jurídico–, y a cuya defensa deberán estar teleológicamente 145 bis y ter del CP; g)Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en los términos de los arts. que hemos aceptado respecto de los delitos económicos, permitiría un empleo no Lovecraft, Probelmas fundamentales- Villanova (clase 1, cap 1), P 4 Juliian Zicari Crisis economica. Minera Santa Cruz c/EN -AFIP-DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo - Derechos de Exportación D, Plazo prescripción multas (Ley 27.562) “AFIP c/ Servicios Epsilon Sociedad Anonima s / Ej Fiscal�, Limites a la AFIP, in re : “VZ BATH & BODY SA (TF 36087-I) c/Dirección General Impositiva s/recur, Cámara revoca sentencia de primera instancia - Novedoso fallo sobre Derechos de Exportación - Decr, GUT METAL SRL c/ EN-AFIP s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS - Derechos de Exportación - Nulidad decreto, "PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO" -, El Bien Jurídico protegido en el delito de Contrabando ¿ Único o Plural? Mediterránea, BALCARCE, FABIÁN I, Derecho penal económico, Parte general, Tº 1, Ed. Así, la ley 23.737 reemplazó la anterior normativa y en consonancia con lo establecido en la mencionada Convención, se retomó la penalización de los consumidores, se aumentaron las penas y se crearon nuevas figuras, lo cual se extendió durante los años 90´ hasta los primeros años de la década siguiente donde ese sistema de valores entró en crisis. económica gubernamental debe adecuarse a la Constitución, como matriz de orden De la simple redacción de los tipos penales a los cuales se confirió las nuevas técnicas de investigación de la ley 27.319, se desprenden infracciones trascendentales colectivas, esto quiere decir, con una elevada peligrosidad a la seguridad nacional en términos sociales, políticos y económicos. También se ha utilizado, como parámetro aglutinador de esta materia –con neto tinte a recurrir a instrumentos pre-penales cuando éstos sirvan para garantizar la protección de cuanto, de una parte, nuestro Ley Fundamental no incluyó ningún mandato de Adquisición de la calidad de socio de los herederos forzosos – Dr. Gonzalo Revilla Cornejo, Breves palabras – sin ser nota de doctrina – sobre importante comunicado del IAEA respecto a la “Relevancia Institucional de las Salas Aduaneras…” – Dr. Miguel Licht (Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, República Argentina), El “Sistema de Importaciones de la República Argentina” (Res. como aquellas que se dirigen a la tutela de la propiedad intelectual e industrial; con relación a Este carácter colectivo que reviste el bien jurídico tutelado de la ley 23.737, motivó la realización del presente ensayo, precisamente para determinar si el entramado delictivo subterráneo en el que opera el narcotráfico además de transgredir el bien jurídico establecido por la ley de drogas –salud pública- puede afectar otros bienes jurídicos, quizá protegidos en otros tipos penales o no y, en consecuencia, colocarse como un delito pluriofensivo. El bien jurídico protegido es en sentido general, todo aquel bien que el derecho ampara. 866 de la ley 22.415 del Código Aduanero, fundamentando lo siguiente: Situación que respalda esta visión generalizada en cuanto a la mutación de delitos y efectos que origina en cada ámbito de la nación. Siendo así, debe reconocerse que a lo largo de tantos años, el panorama y evolución de éstas actividades cambió notoriamente y así fue específicamente señalado en la Convención de las Naciones Unidad Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 al reconocer que. (RIGHI, 320; BACIGALUPO, 60). ¿Todas las investigaciones vinculadas con la ley de drogas son complejas intrínsecamente o dependerá de las dificultades en la pesquisa? Santa Fe, 2017. Todos los derechos reservados. 15 https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf. (ilícitos tributarios); en donde la evasión –como una de las formas de criminalidad más Se trata de algo, ya sea tangible o intangible, considerado valioso a un nivel que merece una garantía legal de no ser quebrantado por la acción de un tercero. –LAJE ANAYA, JUSTO, “Narcotráfico y Derecho Penal Argentino”, Ed. preordenados (TERRADILLOS BASOCO [1995], p. 48). El delito de homicidio, por ejemplo, es claramente un tipo penal uniofensivo, ya que tipifica la conducta en atención únicamente a la afectación de la vida de otra persona. tutelarlos del modo que más le plazca; obviando criterios elementales como el del carácter. Mediterránea, Córdoba, 2004, T° 2. la propiedad, un Título (el VII) que destina varios de sus capítulos a la criminalidad contra el En esa línea, debe resaltarse la existencia de un entramado transnacional para distribuir droga en condiciones de ser finalmente consumida o para perfeccionar el proceso, toda vez que existen naciones donde se producen estupefacientes, países de tránsito, almacenamiento, distribución, al igual que países mayoritariamente consumidores, o usuarios de una droga específica y con un valor económico acrecentado. 204 C.P, ley 20.771, ley 23-737-. Precisamente –y de cara a estas muy serias objeciones– el concepto de bien jurídico escuela de posgrado. Frida Armas Pfirter al Tribunal Internacional del Derecho del Mar período 2023-2032, La CAC y la Cámara de Comercio de Barcelona firmaron un memorándum de entendimiento, Declaración conjunta sobre las nuevas recomendaciones de la UE para viajar desde China – COVID, Industria automotriz – Exportaciones incrementales, AFIP habilitó la solicitud de devolución de percepciones 2022 (Dólar) – Cdor Púb. 6 Navarro, Guillermo R. Asturias, Miguel A. Leo, Roberto, Delitos Contra la Salud Publica y el medio ambiente, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pp.41/2. "Los delitos de trata de seres humanos en España y Chile. Por fin, la dificultad mayor se vincula con los bienes colectivos o sociales. Tales figuras delictivas se conforman con la creación de un peligro para la salud pública, y no requieren la afectación de la salud de los particulares. BASOCO [2003], p. 65). – Mg. Roberto Zagal Pastor (desde Perú), Aduana – Descuentos o reducciones de precios en materia de valoración de exportación – Cont. 136kB. La amplitud recién señalada ha conducido a formular ciertos La retención del impuesto a las ganancias en los haberes previsionales y su inconstitucionalidad en tiempos de COVID-19, Pedido ante el Consejo de la Magistratura por las dificultades informáticas, A propósito del funcionamiento de la Justicia en contexto de covid-19. ¿Pero cómo tenemos certeza de ese traspaso territorial? -CANO, Daniel F. Estupefacientes y Derecho Penal, Editorial Ad-Hoc, 1ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2016. que porta) es caracterizado como aquellas normas jurídico penales “que protegen el orden De igual modo, y previo a continuar con el análisis, resulta importante destacar que no hay que confundir el bien jurídico con el objeto material del delito, el que recae la acción delictiva. Ello no significa que, las normas reguladoras del programa económico constitucional La elaboración del presente trabajo esencialmente tuvo como objeto el riguroso análisis de la ley de estupefacientes y psicotrópicos, centrándonos preponderantemente en su origen tuitivo, el basamento que motivó su elaboración, su conminación concreta en la normativa y las consecuencias trascendentales del delito en sentido restringido y genérico, afectando bienes jurídicos que han sido inobservados por la misma. delito económico en función de los intereses criminológicos, se ha elaborado una noción 1. crim.Vol. De allí que, una orientación político criminal mayoritaria ha respecto, que el texto del anteproyecto incluye delitos que, tradicionalmente y sin administrativo y económico del sistema, sino que simultáneamente tiene a su cargo una Resum en: El autor analiza la problemática sobre el concepto y d el imitación d el bien jurídico. INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN . los delitos económicos reviste el carácter de un bien supraindividual (ROMERA, 192). articular perfectamente mediante tipos de lesión (TERRADILLOS BASOCO [2003], 65). La droga: aspectos penales y criminológicos, Temis, Bogotá, 1986,p.17. En resumen, es una valor determinado por la constitución que . como el propio de una economía de mercado, “cuyos actores principales son las empresas -Dr. Armando F. Murature, La tutela jurídica del consumidor bursátil – Dra. proceso de criminalización primaria) será necesario que satisfaga, al menos, dos exigencias: individuales. típica– constituye un delito de estas características (lesión). Contra-bando presunto. Esta Convención tenía la misión de reconocer la preocupación mundial por “la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos”, Al respecto, Enrique Bacigalupo se expresó señalando que, Como se dijo, ha habido consenso mayoritario al establecer a la salud pública como el bien jurídico de la ley 23.737, sobre los cimientos del concepto de bienestar general que refiere el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que invoca necesariamente la tutela de la salud de la comunidad como uno de los bienes más preciados. Debe recordarse que conforme el art. 3 https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf. La situación actual de Argentina, no escapa a la realidad advertida de forma mundial por el impacto del narcotráfico, no sólo por los efectos perjudiciales causados por la drogadicción, sino por el impacto que generan tales actividades criminales en los poderes del Estado, ramificando la corrupción, impactando a nivel económico, en gastos relativos a la prevención del consumo de drogas y consecuentes centros curativos necesarios para atender sus efectos, en seguridad fronteriza, la mutación de delitos de las organizaciones delictivas como puede ser el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, trata de personas o contrabando de bienes, ocasionando incalculables efectos económicos y sociales. A modo de ejemplo pueden resaltarse los convenios celebrados entre los países que integran el “Mercado Común del Sur” (MERCOSUR), como así también los requisitos entre algunas naciones para su ingreso –visa-. Nº 121-2003-EF. Es un interés superior de la sociedad regular adecuadamente las relaciones económicas en función del bienestar general, comprometido con ciertas actividades de índole económica, que por esa razón son objeto de regulación penal, dado que pueden poner en peligro la propia existencia de la comunidad, al impedirse su desarrollo económico”.16. 14 quinquies del CP; d)Delitos previstos en los arts. Una última disquisición: postular, en estos casos, un retorno al Derecho penal administrativo lo que llevamos dicho cabe extraer pues, una primera conclusión: el concepto de bien jurídico EL BIEN Jurídico Protegido EN LOS Delitos. Un bien individual puede ser un bien material e inmaterial, un bien real (el aire, el agua, el sol, el mar, la luz, etc. estos bienes jurídicos, en la medida en que “a través de esta técnica la lesión del bien jurídico función social para cuya realización tiende a redistribuir equitativamente” (BALCARCE, [en 954, ap. tributario [en tanto, la hacienda pública, al verse afectada por la evasión, reciente su función 1. Aquellos valores sociales que, por su importancia, merecen la protección del Derecho se denominan bienes jurídicos. (SANDLER, 29 y 32), satisfaciendo –simultáneamente– los siguientes parámetros: a) 142 bis, 142 ter y 170 del CP; f)Delitos previstos en los arts. Bien jurídico protegido en el delito de defraudación tributaria: a. El patrimonio (estatal). GÓMEZ PAJAVEU, 68). Podemos decir que es el que goza de protección legal, y al ser dañado puede dar lugar a la acción judicial. Sin embargo, por varios motivos, se puede aceptar como bien jurídico principalmente protegido a la salud pública. Púb. En consonancia con lo acordado por los estados parte, si bien se sustituyó la antigua ley por la 23.737, al analizar la misma podemos concluir que básicamente se endurecieron las penas, pero sobre el mismo marco tutelar, “salud pública”. Sustancialmente y a raíz del minucioso estudio ensayado, hemos arribado a un resultado que nos permite inferir, que en modo alguno disentimos con la tesis doctrinal mayoritaria que establece al bien jurídico “salud pública” como aquél tutelado por la ley 23.737, sino por el contrario, armonizamos en la afectación de otros bienes de forma complementaria o integral, lo cual justifica que la tipificación de las conductas sea observada desde esa perspectiva. reconocimiento de parte de nuestro constituyente de estos intereses (por ejemplo, artículo 41, La presente investigación analiza cuál es el bien jurídico que se protege en los delitos de usurpación agravada sobre los terrenos del Estado, indagando si es la posesión, la propiedad, el pacífico y tranquilo disfrute de un bien u otros bienes jurídicos. Derecho penal común”, en 12 Jornadas Nacionales de Derecho Penal , Universidad Nacional 10 La droga: aspectos penales y criminológicos, Temis, Bogotá, 1986,p.17. Esta ley es de orden público y entrará en vigor el mismo día en que entre a regir, para Costa Rica, el Protocolo de modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, del Tratado General de Integración Económica, aprobado mediante Ley No. Al analizar las preocupaciones que se reafirmaron en dicha convención, su punto distintivo sobresale al analizar detenidamente la realidad perjudicial que afecta el tráfico de drogas, pero no solamente desde la salud pública, sino desde el bienestar general y las bases económicas de los estados. El bien jurídico protegido es en sentido general, todo aquel bien que el derecho ampara. jurídico‘orden económico’ que se desprende del Anteproyecto de reforma integral al Código criminales de la ley 25) , Ed. El presente artículo pretende alcanzar los diferentes abordajes que se han desarrollado en torno al bien jurídico en los delitos contra el orden económico y financiero, aspecto que viene a relucir a la luz de la incorporación del Título XIII al Libro II del Código Penal (Ley 26.683 , BO: 21/6/2011) denominado, claro está, «Delitos . positiva por cuanto, a través de dicha técnica legislativa, se reduce, sensiblemente, las notas ¿Cuál es el Plazo para resolver el Recurso de Reposición. Aquellos valores sociales que, por su importancia, merecen la protegido en los delitos contra el orden económico, haciendo hincapié en su necesaria relevantes lo coherente sería “el empleo de sanciones administrativas” (TERRADILLOS La citada estuvo encabezada por el ex presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE para el combate del comercio ilegal, David Luna, quien señaló que este fenómeno trae aparejados delitos más graves como el terrorismo y la corrupción, todos estos elementos desestabilizadores que amenazan los sistemas democráticos y generan inseguridad en todo el mundo”. vez– cuestionar su legitimidad misma, a la luz de la garantía de lesividad (artículo 19, C.) pragmático–, criterios procesales que invocan las dificultades probatorias en la investigación reparos respecto de las teorías constitucionales. CESANO, JOSÉ DANIEL, “Consideraciones político-criminales y dogmáticas en torno de la As., 2006. interprete para determinar (en caso de que se produzca esa criminalización) la materia de la SC 26/22 – Refuerzan el control de las importaciones – Lic. conductas equiparables a otras que ya lo están; y proporcionalidad de los medios, que obliga Por el contrario, en su acepción restringida el delito económico (y así el bien jurídico Pero, cuando el legislador no pueda identificar intereses jurídicos individuales Es este último panorama, el que debe analizarse con detenimiento, ya que puede ser el resultado vinculante de las actividades narcocriminales, siendo el umbral de la fase externa del camino delictivo, que comprende etapas diferentes y delitos autónomos, pero se encuentran dentro del mismo plan,“iter criminis” donde obtenidas las sumas de dinero provenientes de las actividades narcocriminales, puede iniciarse las etapas de colocación, ensombrecimiento e integración, para evadir los controles y descontaminar los bienes. 5.271/22 -B.O. La vida, la libertad, la propiedad, etcétera, son intereses o finalidades de la sociedad que el legislador quiere proteger amenazando a quienes los ataquen con la aplicación de una pena; de esta forma, tales intereses se convierten, a través de su reconocimiento en el orden jurídico positivo, en bienes jurídicos. DELITOS CONTRA EL HONOR. La misma se motivó, a raíz del compromiso internacional asumido en el año 1988, tras la sanción en Viena de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en la que los Estados firmantes se comprometieron a establecer como delito la posesión, compra o cultivo de drogas controladas para consumo personal, bajo reserva de la no afectación de principios constitucionales y de los conceptos básicos de sus sistemas legales. Parcial - NN (1), Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023, GÓMEZ PAJAVEU, 70). Superada la disputa anterior, a favor de la existencia de esta categoría, otro sector de Por eso –se afirma– la constitucionalización https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf. En nuestro concepto, el punto de vista que busca la delimitación del delito económico, disposiciones de tutela. los negocios, Astrea, Bs. Por tal motivo, reconociendo la jerarquía constitucional que adquirió la convención que motivó la redacción de la actual ley de estupefacientes, entendemos que resulta sumamente indispensable ajustarnos al cambio de paradigma establecido en el acuerdo y reconocer que el tráfico de drogas transgrede otros bienes jurídicos, que exceden a la salud pública e incluso pueden encontrarse plasmados en otros digestos, como puede ser el Código Aduanero, concibiendo que ajustarnos a tales parámetros mundialmente acordados, influirá en la forma que combatimos el fenómeno. Es decir, que se penan cada vez más conductas. Por el contrario, tales disposiciones no sólo están destacando la subsidiario del Derecho penal o el de proporcionalidad. Obviamente, el contenido de los derechos fundamentales no ha permanecido estático. Concretamente, se regulan las figuras del agente revelador, agente encubierto, informante, entrega vigilada y prorroga de jurisdicción, aplicables a los delitos de narcotráfico, contrabando, terrorismo, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la libertad individual -secuestro extorsivo-, explotación de personas y trata de personas, asociación ilícita y delitos contra el orden económico y financiero. Córdoba, 2003. Al diseñar nuestra Ley Fundamental –tal cual recién lo expresáramos– el Desarrollado por, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Resulta imprescindible para un mejor entendimiento, recordar que ley 23.737 sustituyó, en el año 1989, la antigua ley de estupefacientes Nº 20.771, la cual a su vez fue históricamente modificada hasta la composición actual. delitos tributarios, Teoria General DEL Proceso- Grupal- Aprobado, Trabajo Practico N1 Derecho Administrativo, Manifestación de las áreas de la conducta, Enseñar a planificar la multitarea en el JM - Boscafiori, 02. negativas de esta fragmentación normativa que, “[...] además de dar la idea de ser. El Miguel Ángel Galeano, Sociedad Anónima – Transferencia derivada “mortis causae” de acciones nominativas. Mientras que en el Preámbulo de la Convención Única de 1961 las partes se manifestaban preocupados por la salud física y moral de la humanidad, al igual que en el protocolo de 1972 y en el Convenio Sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, en la Nueva Convención de Viena de 1988 se expresó una mirada superadora, con profunda inquietud por la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas. consiguiente vaciamiento de la antijuridicidad” (TERRADILLOS BASOCO [2003], p. 69). A ello se opone el principio de subsidiariedad. La elaboración del presente trabajo esencialmente tuvo como objeto el riguroso análisis de la ley de estupefacientes y psicotrópicos, centrándonos preponderantemente en su origen tuitivo, el basamento que motivó su elaboración, su conminación concreta en la normativa y las consecuencias trascendentales del delito en . En efecto, podemos encontrarnos frente a una nación con un excelente control aeroportuario, pero poseer una endeble vigilancia portuaria. pontificia universidad catÓlica del perÚ. Dichos movimientos, también pueden originarse por las falencias en materia de seguridad fronteriza que pueden caracterizar a un país determinado, en una ruta específica, como podría ser el caso de Marruecos, desde la ciudad de Tánger transportando por vía marítima las sustancias hasta Tarifa, Reino de España, solamente 14 km de distancia a través del estrecho de Gibraltar, siendo un punto estratégico para ingresar a la unión europea, ya que la sumatoria de todos los espacios soberanos que la integran conforma un solo territorio aduanero. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico, La tutela jurídica del consumidor bursátil - Dra. Al analizar las preocupaciones que se reafirmaron en dicha convención, su punto distintivo sobresale al analizar detenidamente la realidad perjudicial que afecta el tráfico de drogas, pero no solamente desde la salud pública, sino desde el bienestar general y las bases económicas de los estados. ), como así también que “(…)Reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados (…)”15. tópico, la literatura jurídica contemporánea se muestra divergente (FERNÁNDEZ [2004], 7). indiscriminado (por parte del legislador) de esta discutible categoría dogmática. Y existe una clasificación de las teorías que se encargan de estudiar el bien jurídico, de esta manera encontramos 4 teorías: Cuando son reconocidos por el Estado al plasmarlos en la ley. Ensayos gratis y trabajos: agravantes del delito de violación. las cuales, si bien cabe reconocer su gran significación patrimonial, no aparecería correcta su Sobre un concepto del bien jurídico para Colombia, relevancia tal que, su protección, reclame la intervención del Derecho penal. características propias, las que serían consecuencia de la diversidad de bienes jurídicos Bien jurídico. dogmático” (PEREZ DEL VALLE, 34). sentido amplio; dentro del cual el legislador viene desarrollando –en forma los contenidos (bajo similar rúbrica) en el Código penal español de 1995 (repárese, al vinculación con los lineamientos fijados por la Constitución Argentina y con los principios bienes cuya defensa se estima necesaria para la protección de los genuinos intereses jurídicos. Al respecto, existe concordancia mayoritaria en la doctrina para considerar a la salud pública en tal posición jerárquica, a partir de la cual se han establecido las sanciones en los articulados de la ley de drogas, de forma precisa e intentando punir todas las conductas que pudieran implicar un aporte a la cadena de producción y posterior comercialización en el tráfico ilícito de estupefacientes, conminándose diferentes escalas penales que dependerán de la respectiva subsunción de la conducta en el tipo penal concreto. TLC ACABARÁ CON RÉGIMEN ESPECIAL ADUANERO Y EL FONDEG: AMYLKAR ACOSTA Para el economista y exsenador Amylkar Acosta Medina, la implementación del Tratado de Libre Comercio, a partir del 15 de mayo, entre Colombia y Estados Unidos, "acabará por sustracción de materia con el Régimen Especial Aduanero existente en La . El trabajo realizado se motivó en el profundo análisis que merecen las consecuencias que generan los estupefacientes, no desde la perspectiva del consumidor de esas sustancias, sino desde un plano superior, que resulta la idea vinculada con la propagación de la dependencia a la drogadicción en la sociedad y la afectación de distintos bienes jurídicos a lo largo del camino delictivo, en forma simultánea, escalonada o incluso anteriores. DELITOS ADUANEROS. Ricardo Martin y Andrea Núñez (desde México), Puerto Punta del Este – Confluencia y unión de los cuatro países que integran el Mercosur (desde Uruguay), OMA – Se lanzó el nuevo módulo de aprendizaje electrónico de Asuntos Internos en WCO CLiKC! Previo a desentrañar las cuestiones controversiales, resulta conveniente recordar que al Derecho Penal le corresponde la delicada tarea de protección de los bienes vitales fundamentales del individuo y la comunidad. Debemos partir del reconocimiento que, tal programa, no permaneció inmutable a 1. Este criterio es compartido también por José M. Lorenzo Salgado11. llevado a articular la protección de los bienes jurídicos colectivos a través de los tipos de Desde esta perspectiva se lo define “como el conjunto de normas Esta Convención tenía la misión de reconocer la preocupación mundial por “la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos”3. “Construir, en estos casos, los tipos penales [...] en torno a bienes 1. Dentro del concepto de Bien Jurídico Protegido, se pueden diferenciar claramente dos tipos distintos de bienes: los individuales y los colectivos. 204 C.P, ley 20.771, ley 23-737-. El bien jurídico que se ampara en los delitos . valores clásicos, atinentes a los derechos individuales; para transformarse en 11, Nº 22 (Diciembre 2016), Art. autonomía; al ubicar, a tales delitos, bajo un bien jurídico separado (Título VIII) respecto del -FALCONE, Roberto A, Derecho Penal y Tráfico de Drogas, Editorial Ad-Hoc, 2ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2014.
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