autora: dra. Cuba. Los juristas (también los penalistas), con carácter general, somos poco dados al examen de realidades distintas de las que nos marca el propio ordenamiento jurídico, y de ahí que la mayoría deseche este concepto amplio porque escapa de su manejabilidad. Ávila, K. (2011). Por el contrario, la ejecución, tanto en lo que se refiere al sí, como en lo relativo al cómo, debe ser objeto de una cuidadosa reflexión político-criminal presidida exclusivamente por consideraciones de necesidad (…) (, La valoración político criminal en torno a la necesidad de la pena está condicionada por las influencias que en el ámbito social, político, cultural, económico, imperen para un momento y lugar determinados; la política penitenciaria debe estar subordinada al principio de necesidad porque se deben ejecutar solo aquellas penas que cumplan estrictamente con los fines de prevención. Gaceta Oficial Extraordinaria No. El procedimiento administrativo sancionador concluye con la resolución, que en los casos en que no quepa contra esta recurso ordinario administrativo alguno, será ejecutiva, y podrá adoptarse en la misma aquellas disposiciones cautelares necesarias para garantizar su eficacia mientras no sea ejecutiva. En el ámbito del procedimiento sancionador en materia de servicios sociales, sería la resolución del procedimiento sancionador si no se . Como modificaciones principales podemos referir la supresión de la figura del Juez de Instrucción, la reducción de términos y plazos con la incorporación de un procedimiento sumarísimo, la introducción del auto de aseguramiento a partir del cual el acusado era considerado parte, se destina un libro independiente a la acción. Serie Ciencias Penales y Criminológicas, Junio, No. 1251 de 1973 la cual derogó la Ley de Enjuiciamiento Criminal española que dominó la isla por más de ocho décadas. 6 de 22 de julio. I. Qué es la Política. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 3, de 1 de marzo de 1979. O conceito que temos da política criminal em qualquer sentido amplo ou estreito pode entender sua natureza e conteúdo holística e abrangente. Autores como Bolaños González estima como etapas de la Política Criminal el “antes”, el “durante” y el “después” en relación a la comisión de un hecho delictivo como momentos hacia los cuales debe orientarse la política criminal. (1979). (Mendoza, 2014, 94). Se es conteste con Rodríguez Manzanera en la utilización del término Política criminológica, pues la política que se sigue es anti-criminal, si se tiene en cuenta que sus fundamentos y postulados tienen su base en los saberes criminológicos y están dirigidos a combatir y prevenir la criminalidad. La Política penal abarcará la política a seguir en torno al funcionamiento del orden penal en sus diferentes aristas tomando como base las características y necesidades del contexto en donde se aplica, así como los fundamentos que la legalidad le impone como barrera infranqueable a la arbitrariedad. Autores como Bolaños González estima como etapas de la Política Criminal el “antes”, el “durante” y el “después” en relación a la comisión de un hecho delictivo como momentos hacia los cuales debe orientarse la política criminal. La Habana, Cuba: Edición Felix Varela. Elegir variable. Así habrá tantas políticas como fines tenga el Estado, aunque en esencia la política general es la única que para lograr sus objetivos tiene que referirse a situaciones y campos específicos y diferentes. Decreto-Ley 316 (2013). Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible” (, (…) a la esfera de la política pertenecen actos tales como mandar (o prohibir) algunas cosas con efecto vinculante para todos los miembros de un determinado grupo social; ejercitar un dominio exclusivo sobre un determinado territorio; legislar con normas válidas erga omnes; extraer y distribuir recursos de un sector a otro de la sociedad (...) (, Para Borjas Jiménez la política “Hace referencia a la forma de gobierno del Estado y que está relacionada con la gestión, desde una determinada esfera de poder, de los asuntos públicos, se presenta a través de muy diversas manifestaciones atendiendo a la parcela de actividad objeto de su administración” (, Sin duda la sociedad mercantilista, luego la industrial y ahora la sociedad organizada de masas ha dado improntas específicas a los modelos de Política Criminal, pero ella siempre ha existido como una forma de organización del poder penal. 7 de 1ro de agosto. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticaseconómicas se suele incluir la industria del calzadocomo parte de la industria textil. Privación temporal de los efectos de la sanción impuesta que es objeto de un recurso administrativo. El diseño e implementación de una política criminal acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales, históricas, culturales del Estado donde se desarrolle, constituyen premisas necesarias de análisis al abordar esta temática. Carranza aboga por: (…) establecer una política penológica que priorice las sanciones y medidas no privativas de libertad y proactivas, tales como trabajo en la comunidad, reparación a la víctima, reconocimiento del hecho y perdón del ofendido, entre otras, de manera que se destine la pena de prisión sólo para los delitos de mayor gravedad, con el objeto de reducir en lo posible la respuesta violenta del sistema penal (Carranza, 1992, 9). Nuevas tendencias político-criminales y actividad jursisdiccional del Tribunal Supremo. En los países en vías de desarrollo, la policía conforma una parte considerable del sistema penal, de manera que no existe un equilibrio con respecto a los otros componentes del sistema. Decreto-Ley 87 (1985). En Dogmática Penal, Política Criminal y Criminología en evolución. Al decir de Zaffaroni “La política penal no sería más que el aspecto más importante de la política criminal” (Zaffaroni, 1983, 150). Ley 62 de 1987. Barcelona: Ariel. Si bien existió una tendencia por la incorporación de un número importante de conductas a la norma penal sustantiva en los últimos años; posee un aspecto positivo el Decreto-Ley No. SANTO DOMINGO. Hoy, un billete de 5.000 pesos colombianos representa más o menos el valor de un dólar estadounidense y, con 5.000 pesos se compra . Este ejemplo evidencia como en Cuba la política criminal se vuelca además hacia otras instancias del sistema de justicia penal, en este caso el judicial y desempeña una función de guía y termómetro de la necesidad y realidad social ante la respuesta penal. En este presente trabajo tratar de desglosar en qu . Al decir de Cobo Tellez: “La ejecución de penas bajo un esquema garantista, supone al sentenciado como un sujeto de derechos, sin olvidar las obligaciones del mismo, pero colocando a los derechos humanos en el centro del procedimiento penal” (Cobo, 2014. En el caso de ejecución y consultoría de obras públicas, hasta el consentimiento de la liquidación final. Como fruto de una de estas Disposiciones del Consejo de Gobierno del alto foro y la vigencia e importancia de estas en la aplicación del Derecho en Cuba, se erigió otra de las modificaciones que introdujo el comentado Decreto- Ley No. Su ejecución no es posible . Decreto-Ley 310 (2013). Estrategias del movimiento de mujeres del Ecuador para la incorporación de sus derechos en la Constitución Política de 1998 . Claro que también venía la fecha 11/01/23 (11 de enero del 2023) por lo que se ha dejado intuir por muchos que será la fecha en la que se . Resulta en ocasiones confusa la distinción entre la política social de un Estado, la política criminal y la penal, lo que no quiere decir que no guarden una estrecha relación. Asumen de manera acertada a la política criminal como una de las políticas que desarrolla el Estado, pero la ciñen al mejoramiento de la legislación penal, aunque sería válido entender por “criterios que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Derecho Penal” a otros sectores del sistema de justicia penal, quedando aun restringido su ámbito de actuación al no contener este los componentes o agencias que actúan fuera del control social formal y que dentro del control social informal dirigen también su actuación hacia el combate de las conductas antisociales y/o delictivas. La concepción que se tenga de la política criminal ya sea en un sentido amplio o estricto permite comprender su naturaleza y contenido totalizador e integral. Abstract: A subject area that has become important nowadays, given the different changes taking place in the structure of core criminal law, is the reaction to the criminal phenomenon and how this is arranged and organized by States. Esta modificación posibilita que un número considerable de figuras delictivas, no sean sancionadas con pena privativa de libertad y se recurra a una solución de corte administrativo, descongestionando en gran medida el sistema de administración de justicia así como la ejecución de sanciones. Al ser el Estado el encargado de organizar, coordinar y disciplinar la vida en sociedad de manera que los conflictos y tensiones sociales se sobrelleven en los niveles de tolerancia, debe hacerse valer para alcanzar dicho objetivo, de mecanismos coercitivos y coactivos, entre ellos el ius puniendi o derecho de castigar. La pancarta fue contundente y citó lo siguiente: " Una loba como yo no está pa' tipos como tú ", algo que se ha interpretado de muchas maneras. Sin embargo, aún y cuando se defiende esta postura, se empleará el término política criminal y criminológica indistintamente siempre respetando los criterios de los autores en cuanto al empleo del término. A experiência cubana, DOI: http://dx.doi.org/10.22187/rfd201626, Doctora. Sus retos y persectivas para sostener la seguridad jurídica en pos de la seguridad ciudadana. × Close Log In. 5 Derecho de Defensa. Por su parte la Política Penalva a ser ese sector de la política criminal que estará dirigido al ámbito del sistema de justicia penal específicamente a partir de los diversos agentes del control social formal que lo desarrollan. Parte de la mirada crítica de la Política penal en un Estado debe ir dirigida a este punto en particular, donde se garantice la existencia de mecanismos de supervisión y control de la ejecución penal, procurando que se encuentren en armonía y en una relación de comunicación con el resto de los componentes del sistema, el sector penitenciario no puede ser visto de manera aislada, sino que para su adecuado funcionamiento debe contar con la base legislativa apropiada para dotar de legalidad su actuar. (, De las tres ramas fundamentales se pueden derivar las siguientes políticas: sanitaria, económica, educativa, laboral, criminal, las cuales se refieren a aspectos más específicos y con una finalidad propia. Key words: criminal policy, social control, criminology, criminal law, criminal justice system. La Política Criminal debe accionar teniendo en cuenta los diversos momentos que conforman el fenómeno criminal, de ahí que deba atender el “antes”, el “durante” y el “después” de la producción de la actividad delictiva, pues solo de esta manera puede tener un carácter totalizador e integral. 18 de 25 de junio. (De la imposición y ejecución de sanciones administrativas) Para la imposición y ejecución de las sanciones administrativas a que hace referencia el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se seguirán los siguientes criterios:. Importante resulta el control que como mecanismo coactivo debe tener el órgano policial como componente del sistema de justicia penal. II. Las dos primeras vienen a desarrollar principalmente la función preventiva del actuar policial y la tercera, se relaciona de forma directa con el Proceso Penal, tiene el cometido de la elucidación de las diferentes conductas delictivas y así coadyuvar a la solución definitiva en el proceso judicial. Gaceta Oficial Extraordinaria No. Es trascendental el control al que ineludiblemente tiene que estar sujeto el sector penitenciario, pues se trata de una actividad en la que por su naturaleza se afecta un derecho tan fundamental como lo es la libertad; una posible violación de derechos y garantías al sujeto recluso resulta aún más grave y requiere de una especial atención y control. Silva Sánchez, J. M. (1997). Zaffaroni, E. R. (2000). El surgimiento de nuevos sectores o ámbitos de actividad que han venido a calificar como conductas configurativas de delitos no tradicionales, especialmente aquellos relacionados con las esferas atómica, informática, biológica, ponen al Derecho penal en una encrucijada. The design and implementation of a criminal policy in line with the political, economic, social, historical and cultural conditions of the State where such policy is developed are necessary premises of the analysis to address this issue. Existen autores que consideran que la política criminal para ser entendida en su esencia, no debe ser particionada o subclasificada en política penal, administrativa, policial, sino que para evitar la desnaturalización de la Política Criminal debe ser entendida en cuanto a la expresión fáctica de la criminalidad en todas sus manifestaciones posibles. El mismo da la posibilidad al órgano juzgador de, excepcionalmente, y si considera que la sanción a imponer aún en el límite mínimo previsto para el delito calificado, resulta excesivamente severa, adecuar la sanción dentro del marco previsto para la modalidad básica del propio delito al momento de dictar sentencia. 6.8. Política Criminal y Reforma Penal.Recuperado de http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31745/1/politicacriminal_reformapenal.pdf. En la ejecución de la pena y medidas de seguridad, así como en la aplicación del régimen disciplinario, se garantizará el derecho a la defensa. Estas disposiciones son de gran importancia en la administración de justicia cubana, y a criterio de Mendoza Díaz por ese carácter vinculante, la trascendencia de sus pronunciamientos y la pronta respuesta ante los reclamos de la praxis, constituyen fuente subsidiaria del Derecho Procesal cubano. Este artículo refiere la necesidad de que el sistema juvenil proteja el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el establecimiento de una edad mínima para ser responsable ante la ley, entre otros aspectos (UNICEF, 1989). Constitución de la República de Cuba (1992). Universidad de la Laguna: Carlos María Romeo Casabona. 88 del año 1999 que introduce figuras delictivas novedosas que se emplearía para sancionar a todos aquellos ciudadanos que ayudaran al gobierno de los Estados Unidos para la aplicación de la Ley Helms-Burton. (2014). (…) la adecuación de las normas jurídicas ideales a una realidad viva, con miras a una lucha eficiente contra el delito, constituye el papel de la política criminal (Apud, En la misma línea de pensamiento autores como Sergio Politoff, J. Pierre Matus y Marís Cecilia Ramírez arguyen “(…) así como hay políticas de salud pública, ambientales, de transporte, de educación, hay también políticas del Estado para mejorar la legislación penal y para elaborar criterios que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Derecho Penal (…)” (, Si atendemos a un concepto más amplio de la política criminal, como forma de la política general que se dedica al estudio del fenómeno criminal contemplado desde la problemática social que preocupa al poder público, entonces el contenido de la disciplina adquiere, de igual forma, una mayor extensión. La diversidad de tendencias en torno a la respuesta más atinada al fenómeno criminal es tan variada y compleja como lo son los tiempos actuales, son disímiles los diseños que se proponen ante la cambiante dinámica social, la que trae consigo nuevas demandas al Derecho penal y dificultades para responder a la criminalidad con las estructuras tradicionales del Derecho penal nuclear. Es más, lo que se debe afirmar es que el poder penal sin Política Criminal no ha tenido existencia histórica, es una pura abstracción o una forma de análisis útil para enfrentarse a los dilemas de un caso pero totalmente artificial e inútil para el análisis Político-criminal (Binder, 2010, 218). Page 43. Por parte del órgano jurisdiccional, es doctrina asentada en el sistema judicial cubano que toda prueba llevada al proceso con violación de derechos y garantías fundamentales se reputan de ilícitas, por lo que no pueden ser acojidas para formar convicción en el juzgador. La política de seguridad integral es de gran importancia ya que es el pilar de la política de desarrollo social y la política económica. 6 de 10 de junio. acuerdo con el artículo 89, fracción XII de la Constitución. La política penal constituye el ámbito de acción del sistema de justicia penal desde sus primeros momentos con la conformación del ordenamiento jurídico penal, a partir de las pautas políticas que perseguirá el legislador al colocar una conducta o no como figura delictiva, y consecuentemente los mecanismos procesales por los cuales se desarrollará su juzgamiento. Por favor use una navegador actualizado . Marshall describe la política social como “la política de los gobiernos con relación a la acción que tiene un directo impacto en el bienestar de los ciudadanos, proveyéndole de seguridad social, asistencia pública, vivienda, educación y tratamiento del crimen” (Marshall, 1967, 28). «Este será un año legislativo dedicado a la aprobación de Leyes para el pueblo», señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este lunes . Cuba como parte de la comunidad internacional también ha procurado diversificar la respuesta punitiva del Estado con una mayor incorporación de las penas alternativas a la privación de libertad en su legislación. La confusión terminológica en torno al concepto de política criminal y el entendimiento de sectores separados en la doctrina en cuanto al alcance estricto o amplio de la misma, tiene su base en la no identificación y diferenciación de la política social, la política criminal y la política penal de un Estado; elementos que no se pueden identificar de manera aislada pues conforman las partes de un todo. notificación de la sanción, se procede al archivo en el legajo personal y su inscripción en el RNSCC. El citado autor ilustra información comparativa sobre las policías y su relación con los otros segmentos del sistema de justicia penal, en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Código Penal. Alianzas con la sociedad civil en la implementación de las penas alternativas. La política penológica como vertiente de la Política penal, se encarga de diseñar las estrategias, pautas, líneas a seguir en base a las condiciones históricas de cada tiempo, en torno a la respuesta y consecuencia ante el delito. Ley 87 (1999). La actriz fue quien confirmó la noticia a través de un video publicado en su Instagram, en julio del año pasado. Empero, ha existido la tendencia sobre todo en los países en vías de desarrollo a considerar como una Política Criminal efectiva, aquella que supone el incremento y reforzamiento del órgano policial con respecto a los otros componentes del sistema, para dar una respuesta más atinada y efectiva al fenómeno criminal. En esta última parte del desarrollo de este estudio, que ha tratado acerca de la inseguridad jurídica en la aplicación de la sanción administrativa resuelta por parte de la administración publica en la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento del contratista y en la que hemos hecho además relación a la sanción impuesta al adjudicatario fallido, considero importante . En la mayoría de los ordenamientos jurídicos esta actúa como auxiliar del Ministerio Público colaborando, a través del empleo de sus técnicas operativas y especializadas, en el esclarecimiento de las conductas delictivas, lo que sirve de sustento al posterior ejercicio de la acción penal. 41). Publicación Oficial del Ministerio de Justicia. La valoración político criminal en torno a la necesidad de la pena está condicionada por las influencias que en el ámbito social, político, cultural, económico, imperen para un momento y lugar determinados; la política penitenciaria debe estar subordinada al principio de necesidad porque se deben ejecutar solo aquellas penas que cumplan estrictamente con los fines de prevención. Por lo cual la política general se realiza a través de tres políticas fundamentales: Las políticas de desarrollo económico, la política de bienestar social y la política de seguridad integral (Lozano, 1998, 41). 44 Extraordinaria de 19 de diciembre. Una última etapa orientada al “después” supone el desarrollo de políticas penitenciarias y post-penitenciarias que complementen las estrategias de resocialización del sancionado. 87 del año 1999, la cual amplió el límite máximo de la cuota de multa, por tanto su aplicación se extendía hasta cincuenta pesos; y también tiene una incidencia en el aumento de los límites de algunos delitos que se encontraban regulados e incorpora nuevas figuras delictivas. Ministerio de Justicia. Cuba. Cuba. La estructura criminológica sentada en el capitalismo como un sistema en el cual se sostiene y mediante el cual se puede verificar el orden, es una conformación que ha permitido fomentar una matriz clasista, lo que hace este accionar vulnerable a la justicia y en si el desarrollo de los hombres libres. penal y la calificación del delito, el Fiscal de mero acusador pasa a ser el encargado de la defensa y vigilancia del cumplimiento de la legalidad y en lo relativo al juicio oral, este mantiene la sistemática anterior de la LECrim marcado por notas dominantes del sistema de enjuiciamiento acusatorio. La nueva concepción que se plantea de política criminal se basa en la búsqueda de estrategias basadas en cambios sociales; mediante el desarrollo de planes que permitan desarrollo social. 62 Código Penal vigente del 30 de abril de 1988, el cual agregó como sanciones subsidiarias las de Trabajo Correccional con y sin Internamiento. La política criminal es preciso analizarla teniendo en cuenta sus diferentes aristas, de la misma manera que se ocupa de las distintas versiones del fenómeno criminal, debe entonces procurar atender los diversos momentos que lo conforman, los que se analizarán desde un punto de vista teórico y metodológico. suspensión de la ejecución de la sanción en vía de recurso administrativo. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible” (Arendt, 1997, 67). Su incidencia en la determinación de la pena y su consagración en las Constituciones Nacionales y en los Instrumentos Jurídicos adoptados por la comunidad Internacional. Este le permite, siempre de acuerdo al contexto social, el momento histórico en que tiene su origen y se desarrolla, establecer las políticas que considere más acertadas para reaccionar ante el fenómeno criminal. La Política Criminal y sus campos de actuación. (, (…) una política criminal orientada a la prevención implica que la tarea del Estado consiste en mejorar las relaciones sociales, esto es, la libertad, la seguridad y bienestar de sus ciudadanos y la mejor forma posible de conseguirlo es orientando la finalidad de la pena a evitar comportamientos delictivos mediante la incidencia del delincuente y en la conciencia jurídica de la comunidad (, La creación de las leyes penales es eminentemente un acto político y al elaborarse las normas y determinarse la penalización o despenalización de conductas, para que sean eficaces y se adapten al contexto, tienen que basarse en un estudio pormenorizado de la realidad de su tiempo, de manera que ese aparato decisional cree un instrumento lo suficientemente coherente que refleje un Derecho penal justo y atinado. La política criminal en el marco de las políticas públicas. Decreto-Ley 175 (1997). Si bien esto implicó y aún implica un reto para la administración de justicia en Cuba, pues denota la incorporación de un nuevo procedimiento a la esfera de actuación del Tribunal Municipal que hasta entonces llevaba a cabo un proceso menos complejo, en comparación con el desplegado en la instancia provincial, y por consiguiente una reestructuración de la fuerza de trabajo y de la capacitación y preparación profesional para afrontar nuevos conflictos que no formaban parte de la práctica judicial de base; fue esta, otra decisión político criminal tomada sobre una necesidad real y práctica.
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